Factureros, terrorismo fiscal

Si hay un asunto que actualmente ocupa a los medios de comunicación son las operaciones inexistentes, o lo que comúnmente se conoce como la compra-venta de facturas. En este periodo el gobierno se dio la tarea de incluirlo como terrorismo como lo es el lavado de dinero, la evasión y la defraudación fiscal con la finalidad de restringir las pérdidas de ingreso al fisco federal. El tema de la tributación siempre ha provocado un distanciamiento de los agentes económicos a esta obligación, y en el territorio mexicano se le vincula a un fondo cultural, y por supuesto, a una problemática proveniente de una deficiente política financiera pública (Franco-Ruiz, C.A, et al., 2019).

El 10 de septiembre del 2019 hubo una modificación a la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.  Donde se establece que “se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el contrabando y su equiparable; la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados” (Miguel A. Lucero Olivas, senador del PT, 2019) y el 15 de octubre del 2019, la cámara baja aprobó la reforma para tipificar el tráfico de facturas falsas como delincuencia organizada.

En el cual, se impondrá sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.  Por lo tanto, a pesar de ser una medida para reducir las empresas fantasmas, se podrá criminalizar a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal. Como la propia ley lo indica busca darle a la autoridad una toma de acción para rastrear transacciones en efectivo.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación menciona el procedimiento donde un contribuyente contrata a un proveedor de un servicio o producto y si en el Diario Oficial de la Federación es nombrado una empresa que factura operaciones simuladas (EFOS), da como resultado que los comprobantes fiscales no son deducibles para impuesto sobre la renta ni acreditables para impuesto al valor agregado con efectos retroactivos de 5 años (J&A Celorio, 2019).

Este artículo del Código Fiscal de la Federación, el cual regula los procedimientos dirigidos a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). En las cuales, los EDOS son personas físicas o personas jurídicas que complementan la actividad lesiva de los EFOS, pues son los que adquieren dichos instrumentos peligrosos para darles efectos fiscales; es decir, las EDOS adquieren comprobantes fiscales apócrifos con el fin de realizar indebidas deducciones, acreditaciones, devoluciones, compensaciones y pérdidas fiscales, construyendo lo anterior un perjuicio al erario.

Por lo tanto, las EDOS y las EFOS, en la gran mayoría de los casos, realizan la actividad criminalizante de adquirir comprobantes falsos que amparan actividades inexistentes con el fin de “justificar” el intercambio de “dinero” que efectúan; sin embargo, la finalidad principal de estos sujetos consiste en ocultar el origen o destino del capital que tiene un origen ilícito, realizando toda la actividad de expedición-adquisición de comprobantes fiscales a fin de darle un carácter de licitud al capital de origen ilícito (Franco-Ruiz, C.A, et al., 2019).

Por: @JovanFrancoR

Referencias

  1. Franco-Ruiz, Carlos A. (2019). El contrainteligencia tributaria. Working paper, FIMEF.  
  2. J&A Celorio (2019). Artículo 69-B del Código fiscal de la federación. https://www.jacelorio.com/
  3. Animal Político. (2019). Senado avala reforma contra empresas fantasma y uso de facturas falsas. septiembre 11, 2019, de Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2019/09/senado-reforma-empresas-fantasma/
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